¡HACER DE LA UNIVERSIDAD UN CENTRO DE REBELDÍA,
DE LUCHA Y TRANSFORMACIÓN!
¿Quién iba a sacar la cara por el pueblo colombiano en este año de escándalos, represión y abusos del Esta-do? ¿Quién iba a ponerle el pecho al ESMAD y a denunciar lo que pasaba con las bases norteamericanas? ¿Quién iba a pararse en la raya para defender el derecho del pueblo a educarse? Nos cayó la responsabilidad a los estudiantes, un sector social muy diverso y así mismo explosivo, que ha mantenido en la última década una resistencia permanente contra el régimen.
Igual que en los años 20 con la denuncia de la masacre de las bananeras, igual que en los 50s con la dictadura de Rojas Pinilla, igual que en los 70s al lado de la lucha obrera y campesina, los estudiantes volvemos a estar en el ojo del huracán. Ya lo hemos dicho antes: junto a los indígenas, los estudiantes fuimos los primeros en levantar la resistencia contra el régimen del fascista Uribe Vélez, y para nuestra honra, hasta hoy nos hemos mantenido y radicalizado.
Pero nos hemos mantenido con no pocas dificultades: en muchos años la situación de las universidades no había sido tan grave en materia presupuestal – a las puertas del desastre – y lo que es más complicado aún, en muchos años la represión contra el pueblo y en concreto contra los estudiantes había llegado a ser tan brutal y despiadada. Los analistas y estudiosos, así como los dirigentes estudiantiles coinciden en afirmar que se trata de una política de estado, que “combina las formas de lucha” (legal e ilegal) para erradicar el movimiento estudiantil: por un lado persecución de líderes, procesos disciplinarios, expulsiones, señalamientos en la prensa y los noticieros; por el otro, asesinatos, desapariciones, amenazas y desplazamientos. Por un lado militarización de las universidades y represión del ESMAD e incluso el ejército en las protestas; por el otro, una política silenciosa de control de las universidades con cámaras, policías y detectives encubiertos, paramilitares, sapos y reglamentos altamente represivos. Por un lado campañas de derecha para desviar a los estudiantes de sus luchas; por otro lado, jíbaros y droga por toneladas con la complacencia de la policía y los rectores. El modelo obedece a un plan sistemático para barrer con cualquier tipo de resistencia a las políticas oficiales y ha venido siendo aplicado sistemáticamente en contra del movimiento indígena y campesino, contra la clase trabajadora y sindical y contra los defensores de derechos humanos y otros activistas sociales.
Si todavía algún incauto niega el papel que el Estado y sus organismos militares (legales e ilegales) han jugado en esto, que repase el caso Johnny Silva en Univalle, que demuestra como un estudiante es asesinado por la policía en 2005 y en los años posteriores el proceso jurídico se empantana ante la matanza por “sicarios” de todos los testigos y el encarcelamiento por “terrorismo” del último testigo vivo, Andrés Palomino. Aunque se demostró jurídicamente que el responsable del asesinato de Johnny era un agente del ESMAD y que tanto la alcaldía de Cali como administrativos de la universidad fueron cómplices del hecho, no hay condenados por el crimen.
En todo caso, rostros de un mismo sistema económico y político que defiende los intereses de los explotado-res, en contra de los trabajadores y demás capas oprimidas. ¿Tiene esto que ver con los más de 500 dirigentes indígenas asesinados en el Cauca en los últimos años? ¿Tiene que ver con que Colombia sea el país donde más sindicalistas asesinan en el mundo? Por supuesto que sí. Y tiene que ver además con un régimen que entrega la nación de la manera más descarada al imperio norteamericano, que somete al pueblo a políticas de falsos positivos y hambre permanente, que ahoga la nación en impuestos y déficit para la guerra y que tiene al continente entero al borde de un conflicto regional con Venezuela, Ecuador e incluso Nicaragua.
En el 2009 la situación llegó a un punto crítico: la reforma académica promete acabar con la educación tradi-cional que hemos conocido e implantar unos contenidos más acordes a los intereses de los grandes capitalis-tas y las multinacionales. El ajuste presupuestal que el congreso aprobó promete cerrar varias universidades y dejar otras en la ruina para el 2010 o 2011. La represión llegó al límite de convertir las universidades en zonas de guerra donde los rectores y representantes del Estado no pueden entrar más que con tanquetas, como lo demuestra la militarización en una misma semana de por lo menos cuatro universidades del país, entre las cuales se encontraba la UTP, con las brutalidades policiales de todos conocidas. El movimiento estudiantil está pagando la cuota de rebeldía que le corresponde por haber resistido al régimen año tras año, paro tras paro, marcha tras marcha, en la última década.
El futuro de la universidad pública está en entredicho. La crisis universitaria, que no logró convertirse en un paro nacional universitario como el del año 1971, volverá a estallar con dimensiones tal vez mayores, durante el 2010. Ante el cierre inminente de programas, claustros y el alza de matrículas en muchas universidades, las bases estudiantiles saldrán nuevamente a la calle. La pregunta clave es ¿debe el movimiento esperar la catás-trofe para responder combativamente? Y, por otro lado ¿debe marginarse de la crisis social y política que vive el país en aras de luchar por metas estrechas e inmediatas como el presupuesto? Si bien el detonante ha sido la lucha económica, la cuestión no puede quedarse ahí: tenemos que luchar por transformar radicalmente la vida de las universidades. Transformarlas de lugares de adoctrinamiento ideológico y formación de técnicos para el sistema, en verdaderas escuelas de lucha y resistencia, donde se desafía el orden establecido y se piensa críticamente. Necesitamos un movimiento estudiantil politizado, con capacidad de afirmar el derecho de los pueblos a rebelarse contra la opresión y la explotación, el derecho a zafarnos del yugo del imperialis-mo, el derecho a revolucionar la sociedad de arriba abajo. Un movimiento que piense y actúe, que se movilice activamente por las calles, porque cuando el pueblo marcha la reacción tiembla. Un movimiento que forje lazos con los demás sectores del pueblo, como hicimos con la minga indígena y los corteros de caña recientemente.
Creemos que es la oportunidad para que el movimiento estudiantil se plante firme en contra de las políticas reaccionarias que ha sufrido por parte del Estado en los últimos años. Creemos que esa puede ser la chispa que encenderá la candela, porque es la oportunidad de que el movimiento estudiantil reencuentre el camino al lado del pueblo colombiano, del que ha estado más o menos aislado en la última década. Los estudiantes, como en los años 20, como en los 50 y los 70, deben pensar más allá de sus reivindicaciones propias y ponerse al lado de las aspiraciones del pueblo, de sus necesidades y sus luchas.
Por ahora el blanco principal es el régimen fascista, que se está quedando sin oxígeno, y la necesidad inmediata es que caiga estrepitosamente con sus paramilitares, sus escándalos, sus bases militares y sus mafiosos. De permitir que siga gobernando, llevará el país a la hecatombe y hará de Colombia cada vez más el sicario de Norteamérica para todo el hemisferio sur. Pero tampoco se trata de alabar la democracia burguesa y la constitución de 1991 de la mano del neoliberal Cesar Gaviria o del socialdemócrata Gustavo Petro. Ellos y sus partidos tradicionales no pueden traer ni traerán nada bueno para el pueblo. Debemos tener las miras más altas, aspirar a una nueva sociedad, una sociedad de nueva democracia, sin imperialismo ni terratenientes, sin monopolios nacionales o trasnacionales, una nueva Colombia en los planos económico, político, social y cultural.
Tenemos, como antes, una responsabilidad histórica. Debemos prepararnos para ella, estudiar, organizarnos, elevar nuestra comprensión política de los problemas del país y el mundo, y sobre todo, estar dispuestos a luchar cuando el pueblo nos necesite. Estar dispuestos a soñar y luchar por un mundo nuevo, un mundo sin imperialismo, un mundo que en su momento el pueblo pintará con los colores que le parezca.
Igual que en los años 20 con la denuncia de la masacre de las bananeras, igual que en los 50s con la dictadura de Rojas Pinilla, igual que en los 70s al lado de la lucha obrera y campesina, los estudiantes volvemos a estar en el ojo del huracán. Ya lo hemos dicho antes: junto a los indígenas, los estudiantes fuimos los primeros en levantar la resistencia contra el régimen del fascista Uribe Vélez, y para nuestra honra, hasta hoy nos hemos mantenido y radicalizado.
Pero nos hemos mantenido con no pocas dificultades: en muchos años la situación de las universidades no había sido tan grave en materia presupuestal – a las puertas del desastre – y lo que es más complicado aún, en muchos años la represión contra el pueblo y en concreto contra los estudiantes había llegado a ser tan brutal y despiadada. Los analistas y estudiosos, así como los dirigentes estudiantiles coinciden en afirmar que se trata de una política de estado, que “combina las formas de lucha” (legal e ilegal) para erradicar el movimiento estudiantil: por un lado persecución de líderes, procesos disciplinarios, expulsiones, señalamientos en la prensa y los noticieros; por el otro, asesinatos, desapariciones, amenazas y desplazamientos. Por un lado militarización de las universidades y represión del ESMAD e incluso el ejército en las protestas; por el otro, una política silenciosa de control de las universidades con cámaras, policías y detectives encubiertos, paramilitares, sapos y reglamentos altamente represivos. Por un lado campañas de derecha para desviar a los estudiantes de sus luchas; por otro lado, jíbaros y droga por toneladas con la complacencia de la policía y los rectores. El modelo obedece a un plan sistemático para barrer con cualquier tipo de resistencia a las políticas oficiales y ha venido siendo aplicado sistemáticamente en contra del movimiento indígena y campesino, contra la clase trabajadora y sindical y contra los defensores de derechos humanos y otros activistas sociales.
Si todavía algún incauto niega el papel que el Estado y sus organismos militares (legales e ilegales) han jugado en esto, que repase el caso Johnny Silva en Univalle, que demuestra como un estudiante es asesinado por la policía en 2005 y en los años posteriores el proceso jurídico se empantana ante la matanza por “sicarios” de todos los testigos y el encarcelamiento por “terrorismo” del último testigo vivo, Andrés Palomino. Aunque se demostró jurídicamente que el responsable del asesinato de Johnny era un agente del ESMAD y que tanto la alcaldía de Cali como administrativos de la universidad fueron cómplices del hecho, no hay condenados por el crimen.
En todo caso, rostros de un mismo sistema económico y político que defiende los intereses de los explotado-res, en contra de los trabajadores y demás capas oprimidas. ¿Tiene esto que ver con los más de 500 dirigentes indígenas asesinados en el Cauca en los últimos años? ¿Tiene que ver con que Colombia sea el país donde más sindicalistas asesinan en el mundo? Por supuesto que sí. Y tiene que ver además con un régimen que entrega la nación de la manera más descarada al imperio norteamericano, que somete al pueblo a políticas de falsos positivos y hambre permanente, que ahoga la nación en impuestos y déficit para la guerra y que tiene al continente entero al borde de un conflicto regional con Venezuela, Ecuador e incluso Nicaragua.
En el 2009 la situación llegó a un punto crítico: la reforma académica promete acabar con la educación tradi-cional que hemos conocido e implantar unos contenidos más acordes a los intereses de los grandes capitalis-tas y las multinacionales. El ajuste presupuestal que el congreso aprobó promete cerrar varias universidades y dejar otras en la ruina para el 2010 o 2011. La represión llegó al límite de convertir las universidades en zonas de guerra donde los rectores y representantes del Estado no pueden entrar más que con tanquetas, como lo demuestra la militarización en una misma semana de por lo menos cuatro universidades del país, entre las cuales se encontraba la UTP, con las brutalidades policiales de todos conocidas. El movimiento estudiantil está pagando la cuota de rebeldía que le corresponde por haber resistido al régimen año tras año, paro tras paro, marcha tras marcha, en la última década.
El futuro de la universidad pública está en entredicho. La crisis universitaria, que no logró convertirse en un paro nacional universitario como el del año 1971, volverá a estallar con dimensiones tal vez mayores, durante el 2010. Ante el cierre inminente de programas, claustros y el alza de matrículas en muchas universidades, las bases estudiantiles saldrán nuevamente a la calle. La pregunta clave es ¿debe el movimiento esperar la catás-trofe para responder combativamente? Y, por otro lado ¿debe marginarse de la crisis social y política que vive el país en aras de luchar por metas estrechas e inmediatas como el presupuesto? Si bien el detonante ha sido la lucha económica, la cuestión no puede quedarse ahí: tenemos que luchar por transformar radicalmente la vida de las universidades. Transformarlas de lugares de adoctrinamiento ideológico y formación de técnicos para el sistema, en verdaderas escuelas de lucha y resistencia, donde se desafía el orden establecido y se piensa críticamente. Necesitamos un movimiento estudiantil politizado, con capacidad de afirmar el derecho de los pueblos a rebelarse contra la opresión y la explotación, el derecho a zafarnos del yugo del imperialis-mo, el derecho a revolucionar la sociedad de arriba abajo. Un movimiento que piense y actúe, que se movilice activamente por las calles, porque cuando el pueblo marcha la reacción tiembla. Un movimiento que forje lazos con los demás sectores del pueblo, como hicimos con la minga indígena y los corteros de caña recientemente.
Creemos que es la oportunidad para que el movimiento estudiantil se plante firme en contra de las políticas reaccionarias que ha sufrido por parte del Estado en los últimos años. Creemos que esa puede ser la chispa que encenderá la candela, porque es la oportunidad de que el movimiento estudiantil reencuentre el camino al lado del pueblo colombiano, del que ha estado más o menos aislado en la última década. Los estudiantes, como en los años 20, como en los 50 y los 70, deben pensar más allá de sus reivindicaciones propias y ponerse al lado de las aspiraciones del pueblo, de sus necesidades y sus luchas.
Por ahora el blanco principal es el régimen fascista, que se está quedando sin oxígeno, y la necesidad inmediata es que caiga estrepitosamente con sus paramilitares, sus escándalos, sus bases militares y sus mafiosos. De permitir que siga gobernando, llevará el país a la hecatombe y hará de Colombia cada vez más el sicario de Norteamérica para todo el hemisferio sur. Pero tampoco se trata de alabar la democracia burguesa y la constitución de 1991 de la mano del neoliberal Cesar Gaviria o del socialdemócrata Gustavo Petro. Ellos y sus partidos tradicionales no pueden traer ni traerán nada bueno para el pueblo. Debemos tener las miras más altas, aspirar a una nueva sociedad, una sociedad de nueva democracia, sin imperialismo ni terratenientes, sin monopolios nacionales o trasnacionales, una nueva Colombia en los planos económico, político, social y cultural.
Tenemos, como antes, una responsabilidad histórica. Debemos prepararnos para ella, estudiar, organizarnos, elevar nuestra comprensión política de los problemas del país y el mundo, y sobre todo, estar dispuestos a luchar cuando el pueblo nos necesite. Estar dispuestos a soñar y luchar por un mundo nuevo, un mundo sin imperialismo, un mundo que en su momento el pueblo pintará con los colores que le parezca.
JOVENES ANTIIMPERIALISTAS,
Pereira, Noviembre de 2009
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